Estos días lo estamos sufriendo. Como su título indica, es un acoso sobre ciertos países en los que se presentan dudas sobre su viabilidad económica y presupuestaria, con ello haciendo subir la prima de riesgo.
Especialmente lo sufren España e Italia. Hoy por primera vez, los inversores consideran que Italia tiene más probabilidad de ser rescatada que España. Y todo ello, sin causas aparentemente justificadas. Italia y España están inmersos en un proceso de reformas que den confianza de cara al exterior.
El asunto es que quizá las reformas debieran ser más profundas y encaminadas a reflejar transparencia, reducir la Administración Pública y fusionar Ayuntamientos. Al menos en España, son medidas recomendadas, pero ignoradas en su mayor parte por unos políticos anclados en el pasado, indispuestos a ver la realidad del asunto.
Las reformas de ahora valen para ahora. Hacen falta reformas duraderas para evitar que esto se repita.
En España existen 42 diputaciones provinciales, (tres de ellas forales), once consejos insulares, un Consejo del Valle de Arán y dos ciudades autónomas.
¿Para qué tanto?
Hoy en día, con el Estado de las Autonomías, las diputaciones provinciales han perdido aquel dudoso protagonismo en ciertos ámbitos de gestión provincial. Las competencias de las diputaciones provinciales son perfectamente transferibles a las Comunidades Autónomas, donde en ocasiones, para construir un simple tramo de carretera se solapan las tres administraciones (Estado, Autonomía y Diputación Provincial). Quizá sea oportuno abrir un debate para eliminar estas corporaciones, que en realidad solo sirven para colocar políticos, de los que desconocemos su nombre en la mayoría de las ocasiones.
Con ello, ni que decir de las Diputaciones Forales, ¿para qué existen?, con sus competencias exclusivas en bienestar social, infraestructuras de tráfico rodado, recaudación de impuestos (conciertos económicos) etc atentan contra la igualdad de todos los españoles, además son algo anacrónico ya que su origen data del siglo XIX.
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