Estos días han saltado a las portadas de los periódicos noticias de cómo, sin vergüenza ni apuro, exdirectores de cajas de ahorros intervenidas y necesitadas de capital, han cobrado indemnizaciones millonarias por dejar el cargo.
Como es el caso de la CAM de destinar casi 13 millones de euros a la excúpula directiva y aprovechar un ERE para cobrar las mismas.
La exdirectora, Maria Dolores Amorós se adjudicó un sueldo de 600.000€ y una pensión vitalicia de 370.000€. Fue expulsada de la cúpula directiva, con la intervención de BdE y se frustaron sus deseos de robar tal suma de dinero.
¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que entidades financieras que se suponen públicas (y destinan una parte de sus beneficios a la obra social, que además necesitan ayudas) estén dirigidas por ladrones que buscan su beneficio?
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